Seguros Banorte rehúsa pagar daños al INAH

Reciente sismo acrecentó la necesidad de recursos para restaurar inmuebles asegurados por Seguros Banorte.

Ciudad de México.- La aseguradora contratada por el INAH en 2017 rehúsa pagar 2 mil millones de pesos previstos para la restauración de al menos 565 inmuebles dañados por los terremotos del 7 y el 19 de septiembre de aquel año, informó el coordinador de la Oficina de Sismos del Instituto, Salvador Camarena. Esta cifra deriva del total de las conciliaciones pactadas y firmadas con Seguros Banorte, puntualizó.

Consultada, la institución financiera refutó el señalamiento.

En el contexto de un temblor que afectó 62 edificaciones en Oaxaca el pasado 23 de junio, y ante un retraso en la restauración de 296 templos afectados en Puebla por los sismos de hace tres años, Camarena aseguró que el conflicto con la aseguradora ha trastocado su esquema financiero para todos los estados, y “probablemente sea motivo de una demanda judicial”.

El arquitecto no descartó un acuerdo con la institución financiera. “No descartamos la posibilidad de que el Seguro pueda recapacitar, que tenga una actitud nacionalista y entienda que lo que hace es un daño al patrimonio cultural de México”.

 

Daños acumulados

Oaxaca, la entidad más dañada por el sismo del martes pasado, será la más afectada también por la discrepancia entre Banorte e INAH, pues la restauración de alrededor de 300 inmuebles dependía del seguro.

Este debió cubrir alrededor de mil inmuebles, aproximadamente la mitad de los 2 mil 340 que reportaron daños por los sismos de aquel año en 11 entidades; al resto lo amparó al Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden). El monto total de daños rondó los 10 mil millones de pesos.

El adeudo ha provocado, a su vez, que el INAH no pague a las empresas contratadas para la restauración. En Puebla, por ejemplo, donde los sismos de 2017 dañaron 621 construcciones, se le debe a una veintena de empresas, previó Camarena.

“Hemos hablado con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Puebla exponiéndole esta circunstancia, y también con la cámara nacional explicándole la razón por la que se detuvieron los pagos. Ellos comprendieron y están en la disposición de, incluso, ayudarnos para poder hacer la gestión del nuevo recurso”.

Este “nuevo recurso” proviene de un presupuesto asignado a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).

Es una contribución de 481 millones de pesos, aunque se requieren 600 millones para solventar las deudas más inmediatas. También se recurrirá al Fonden para cubrir el referido adeudo de Seguros Banorte.

 

Doble controversia

El seguro contratado en 2017 fue de cobertura amplia. Lo amparó ante diversos percances y dispuso de reinstalación automática, explicó el arquitecto.

“Es como cualquier otra póliza: si uno choca un carro, es reparado el auto y, si a la semana siguiente vuelve a chocarlo, vuelve a repararse”, ejemplificó.

Cada evento tendría un límite de 3 mil 500 millones de pesos.

“Para nosotros”, dijo, “uno es el evento del 7 de septiembre y otro el del 19 de septiembre: ambos deberían ser cubiertos bajo la misma póliza”.

Esta póliza establece que, entre un evento y otro, deben transcurrir 72 horas. En el caso de los sismos de 2017 cursaron 12 días.

“Súbitamente, sin ninguna notificación, en diciembre el seguro deja de pagar las facturas que se le entregaban para que pudieran ser cubiertas. Había ocasiones en que se retrasaba, pero luego se regularizaba; nos decían que tenían problemas de liquidez –evidentemente no hablamos de tres, sino de miles de pesos– y nosotros éramos pacientes, finalmente pagaban y no había ningún problema. Pero súbitamente dejaron de pagar”, relató.

Primero, los representantes de Banorte expusieron verbalmente que habían llegado al límite de los recursos. El 18 de marzo, mediante un oficio, detalló Camarena, el seguro notificó al Instituto que el límite había sido “erosionado”, que habían cumplido y que no tenían más qué decir.

Pero la controversia con la institución es doble, reveló el funcionario: por un lado, la falta de pago, y, por otro, porque cargó indebidamente el IVA.

“El IVA es un impuesto trasladable, y no tienen por qué incluirlo. El límite al que habíamos llegado en diciembre estaba cercano a los 2 mil millones de pesos, pero ellos incluían el IVA –más de 400 mil pesos– y esto, junto con otras reclamaciones menores, acumulaban 3 mil 500 millones de pesos.

“Definitivamente nos ha sorprendido y trastocado nuestro esquema financiero para todos los estados”.

 

Por Agencia Reforma

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *