Garantizan transparencia con el 35% del presupuesto del INAI
Gobierno garantiza transparencia con el 35% del presupuesto del INAI
La presidenta Sheinbaum garantizó la transparencia y se protegerán los datos personales con un presupuesto menor al que tenía el INAI.
El Gobierno de México garantizó la transparencia y la protección de datos personales ante la próximo extinción del Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI).
En la conferencia matutina de Palacio Nacional, se detalló que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno “absorbe 80 por ciento del trabajo del INAI con el 35% del costo de su estructura”.
Como ven se amplía la transparencia, se protegen los datos personales y todo esto se hace incluso con mucho menos presupuesto, con el 35% del presupuesto que tenía el INAI”, aseveró la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Entonces se están enviando el día de hoy estas leyes para su consideración en el Senado de la República y después en la Cámara Diputados eso es parte de la reforma constitucional de la desaparición del INAI, como tal en la Constitución, manteniendo y fortaleciendo la transparencia y la seguridad de los datos personales”, refirió.
Raquel Buenrostro, secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, presentó un paquete de iniciativas que serán enviadas al Congreso para su aprobación, como parte de la reforma constitucional que desparece al INAI.
La funcionaria federal dejó en claro que el derecho de acceso a la información seguirá vigente, al igual que las obligaciones de transparencia y mecanismos de defensa en caso de incumplimiento.
“Actualmente identificamos que el 80 por ciento del trabajo que tiene va a recaer en la corrupción el gobierno, y esto lo podemos atender con el 35% nada más de la estructura, es decir, vamos a tener un ahorro de 65 por ciento”, sostuvo.
Buenrostro indicó que continuará y se protegerá la Plataforma Nacional de Transparencia, ” va e star regulada en la ley, y así se le dará la garantía”.
Contralorías municipales, el nuevo eje de la transparencia. Un mandato constitucional ineludible
El artículo 116 fracción VIII de la Constitución establece que las contralorías municipales absorberán las funciones de los institutos de transparencia. Esta disposición, aunque clara en su mandato, carece de un plan de implementación realista, dejando a los municipios con recursos limitados frente a una carga monumental.
Contralorías con capacidades insuficientes
Más del 90% de los municipios mexicanos cuentan con menos de 70 mil habitantes, y sus contralorías rara vez superan los dos empleados. Con estas limitaciones, ¿cómo asumirán la resolución de recursos de revisión, supervisión de portales de transparencia y protección de datos personales?
Judicialización de la transparencia: una espada de Damocles. Riesgos legales para los municipios
La crítica principal a este nuevo esquema es la inevitable judicialización de los procesos de transparencia. Si las contralorías toman decisiones poco fundamentadas, la ciudadanía podría recurrir masivamente al juicio de amparo, sobrecargando el sistema judicial y exponiendo a los funcionarios a sanciones graves, incluidas la separación del cargo y acciones penales por incumplimiento de ejecutorias de amparo.
Costo político y jurídico para los titulares municipales
Los presidentes municipales estarán más expuestos que nunca. Serán responsables finales de garantizar el acceso a la información, una tarea que podría convertirse en un campo minado político y legal.
Necesidad de una transición gradual
Será imprescindible un periodo de transitoriedad que permita a los municipios ajustar sus reglamentos y preparar presupuestos adecuados. Sin este espacio, el sistema de transparencia quedará en un limbo, afectando a los ciudadanos.
¿Qué implica para los ciudadanos?
Acceso más lento y costoso a la información: La falta de infraestructura y personal capacitado en las contralorías alargará los tiempos de respuesta.
Aumento en la judicialización: Ante la incapacidad de resolver recursos de revisión, los ciudadanos optarán por el juicio de amparo, encareciendo el acceso a la justicia.
Pérdida de confianza: La percepción de imparcialidad se verá afectada al ser juez y parte las mismas autoridades que controlan la información.
Supervisión y rendición de cuentas
Aunque la autonomía municipal es clave, debe garantizarse un sistema de auditorías que asegure el cumplimiento de las nuevas responsabilidades sin violar la Constitución.
