Chicanadas del presidente López Obrador
Chicanadas del presidente López Obrador, Tras La Verdad, por Héctor Parra Rodríguez.
Como era de esperarse, ayer jueves el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó declarar la inconstitucionalidad del «decretazo» emitido por el presidente López Obrador, suscrito por 14 secretario de Estado y publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 21 de noviembre de 2021.
AMLO había decidido, por medio de una medida administrativa, decretar que sus obras públicas más importantes, serían consideradas de interés público y de «seguridad nacional»; concomitantemente determinó, de manera unilateral, quebrantar plazos y términos de diversas leyes para burlar la normatividad; permisos en automático si las autoridades responsables (ellos mismos), así como las autoridades estatales y municipales se veían obligados a responder en un término de 5 días a las autoridades federales y ante la ausencia de respuesta, operaba la (autorización) «declaración ficta», o sea se entendía aprobada la solicitud del gobierno federal. Chicanadas, Chicanadas, Chicanadas, Chicanadas, Chicanadas, Chicanadas, Chicanadas
Así de simple el «decretazo» administrativo le ha permitido a López Obrador y su gobierno, realizar las obras sin permisos de impacto ambiental, cambiar los trazos sin autorización, expropiar tierras sin indemnización previa, etcétera. Una aberración jurídica que los ha llevado al abuso extremo en agravio de particulares de manera fundamental y violación a las normas.
Sumado a que, por ser de «seguridad nacional», AMLO guarda la información, lo que conlleva opacidad y falta de rendición de cuentas. Por eso el Inai promovió juicio de inconstitucionalidad y la SCJN le dio la razón. Habida cuenta, vino la declaratoria de inconstitucionalidad; por lo tanto, el «decretazo» quedó sin ningún efecto jurídico, reestableciendo el Estado de Derecho violado por AMLO y sus 14 secretarios de estado. Chicanadas, Chicanadas, Chicanadas
Una vergüenza el razonamiento ¿jurídico? de la ministra Yasmín Esquivel Mossa. En la sesión de pleno argumentó la ministra, si a ello se le puede llamar argumento jurídico, que los efectos de la inconstitucionalidad solo operaban entre las partes, no así con los terceros «no involucrados», aquellos que no formaron parte del juicio.
Vergonzosamente le tuvieron que aclarar públicamente que estaba equivocada, dado que la declaración de inconstitucionalidad deja sin ningún efecto al «decretazo», implica que carece de validez absoluta; por lo tanto, no surte ningún efecto. Aunque quedó pendiente el alcance. Esquivel pretendía, bajo su miope óptica jurídica, que siguiera vigente para los terceros que no comparecieron en juicio. Eso es, que continuaba siendo válido, vigente el «decretazo» para autoridades federales, municipales y estatales.
¡Ah, bárbara! Ahora podemos comprender el por qué siempre vota apoyando los abusos promovidos por AMLO y aquello del plagio de su tesis. No comprende y no sabe Derecho Constitucional, carece de argumentación jurídica.
Aquí viene la nueva «chicanada» del presidente Andrés López Obrador.
Una vez que los ministros resolvieron la inconstitucionalidad del «decretazo», de manera inmediata AMLO volvió a ordenar el «decretazo B», cuyo contenido es muy semejante al declarado inconstitucional, luego vuelve a violentar la resolución de la Corte: repetición del acto reclamado.
Así las cosas, el «decretazo B», dice que son de «seguridad nacional y de interés público», la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, así como los aeropuertos que se indican.
En este nuevo acuerdo administrativo incorporó a los aeropuertos de Palenque, Chiapas, de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo. Este decreto no lo firmaron 14 secretario de estado, bastó con la firma del presidente y los secretarios de Gobernación, Marina y Defensa Nacional; excluyeron a 11.
Vaya que juegan muy sucio y hacen abusó a placer de la autoridad, pasándose por el «arco del triunfo» tanto leyes como sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Al haber emitido un nuevo acto administrativo, considerarán que no se trata de la repetición, una forma de escabullirse de la responsabilidad. El abuso es manifiesto, la «chicanada» es clara. AMLO se escudará en la no repetición del acto reclamado. Nuevo acto y no hay repetición. Y el Inai bajo respiración artificial.
Las obras del aeropuerto Santa Lucía y la refinería de Dos Bocas, literalmente concluidas, no fueron incluidas en el nuevo acto administrativo denominado decreto. Ahí concluyeron las arbitrariedades.
Empero, si las obras ya no son consideradas con la característica de la supuesta «seguridad nacional», el gobierno federal se verá en la obligación de transparentarlas, no negar información. Ahora que, el Inai, ganador del juicio de inconstitucionalidad, si no puede actuar por la falta de 3 comisionados, AMLO seguirá gozando de impunidad, dado que dicha autoridad carece de fuerza legal para actuar en pleno, al menos, con 4 comisionados; López Obrador y su cuadrilla de cuatreros en el Senado, no han nombrado a los comisionados que concluyeron su periodo, lo han inhabilitado para actuar jurídicamente.
Sucias las trampas del Poder Ejecutivo, quien desdeña el cumplimiento del Estado de Derecho, tuerce la interpretación de la legalidad, la menosprecia y la viola cuando le place a sus aviesos y sucios intereses personales.
No cabe la menor duda que AMLO promueve el quebrantamiento del sistema de justicia que debe imponer el Poder Judicial ante cualquier violación a la Constitución y demás normas que derivan de esta.
¡AMLO es u peligro para la sucesión presidencial! Ha dado prueba de ello y está dispuesto a seguir violando, reiteradamente, la Carta Magna hasta conseguir sus tropelías; resulta obvio que López Obrador pretende continuar en el uso y abuso del poder después de su mandato.
Sin dada que también busca evadir la acción de la justicia, abusando del poder para alcanzar sus objetivos ¡Impunidad absoluta!
Tras La Verdad / Por: Héctor Parra Rodríguez
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