Puntos clave de las Reformas minera y administrativa de AMLO
Reformas minera y administrativa de AMLO son mala señal para las inversiones: CEESP
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado pidió una mejor actitud del gobierno ante los inversionistas potenciales.
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advierte que la reforma a la Ley Minera y administrativa propuestas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, son una mala señal para los inversionistas extranjeros.
“El mensaje negativo hacia la inversión se repite en las iniciativas enviadas recientemente por el ejecutivo al Congreso para la modificación de la Ley Minera y de la de diversos cambios a disposiciones en materia administrativa”, afirma el órgano a cargo de Carlos Hurtado López.
Agrega que las iniciativas de cambios a la Ley Minera y a disposiciones en materia administrativa generan incertidumbre e inseguridad jurídica.
Según el órgano asesor en materia económica del Consejo Coordinador Empresarial, la iniciativa de reforma a la Ley Minera genera incertidumbre en las concesiones.
Los cambios a la Ley Minera propuestos por el presidente de la República restringen a terrenos explorados sólo por el gobierno, apunta la institución encargada de elaborar el análisis e investigación de la coyuntura económica.
“Mientras no sean asignados a paraestatales, directamente: Su duración se reduce de 50 años actuales a 15, con la posibilidad de solo una prórroga”, comenta el CEESP.
Recuerda que la reforma a la Ley Minera establece obligaciones y causales de cancelación, de manera desproporcionada y en ocasiones duplicada con las contenidas en otras leyes, manifiesta.
“La iniciativa relativa a disposiciones en materia administrativa, reforma 23 leyes con lo que se amplía la discrecionalidad de la autoridad en detrimento de la seguridad jurídica de los particulares y de la certeza para la inversión”, declara el centro líder de investigación del sector privado.
Detalla que la propuesta de López Obrador genera incertidumbre total en los contratos con el gobierno, cuando muchas inversiones dependen crucialmente de ellos.
Esta reforma en materia administrativa amplía los causales de revocación de concesiones, permisos, autorizaciones o licencias cuando se considere que afecten el interés público, general o social, eliminando el carácter extraordinario del juicio de lesividad.
“Ahora solo se requeriría argumentar un perjuicio al Estado o al interés público”, señala el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado.
Añade que la iniciativa propone que los actos administrativos puedan ser declarados nulos de oficio o a petición de parte interesada -lo que no existe actualmente- y se incorporan procedimientos retroactivos de responsabilidad administrativa, civil o penal para los particulares.
“Todos los contratos de adquisición y obras públicas con la Administración Pública Federal deberán incluir la cláusula exorbitante, que la faculta para terminar unilateralmente cualquier contrato de manera anticipada por causa de interés público”.
Podrán revocarse contratos y concesiones, así como dar por concluida la relación jurídica de contratos a nivel nacional o internacional en aras del interés público y sin la obligación de resarcir daños.
Se elimina la disposición de que la expropiación se sujete a lo dispuesto en los tratados internacionales, añade el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, el cual pide una mejor actitud del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con los inversionistas potenciales atraídos por el nearshoring.
“Para que el país aproveche plenamente la oportunidad de la relocalización, se deben llevar a cabo políticas públicas que generen las condiciones generales propicias para el florecimiento orgánico de la inversión”.
“Hay que aprovechar la oportunidad para que ésta incluya un valor agregado nacional más elevado que en el pasado y que más proveedores nacionales se integren a las cadenas de suministro de la exportación”, destaca el CEESP.
CCE reprueba reformas minera y administrativa; demanda diálogo al Congreso
El Consejo Coordinador Empresarial pidió ser incluido a la discusión de las reformas en materia minera y administrativa en el Congreso.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió al Congreso de la Unión que lo incluya en la discusión de las reformas en materia minera y administrativa, las cuales —en su opinión— son contrarias a las normas pactadas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) y atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos.
“En el presente periodo ordinario de sesiones del Congreso, se encuentran en proceso legislativo dos iniciativas vinculadas directamente con el desarrollo de México: el conjunto de reformas a diversas leyes en materia administrativa que se vinculan tanto a contrataciones en el rubro de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas, así como el paquete de reformas en materia minera”, indicó el organismo empresarial dirigido por Francisco Cervantes Díaz.
“Las iniciativas presentadas contienen normas contrarias al marco constitucional, tratados internacionales como el TMEC y otros instrumentos comerciales, incluso, atentan contra las libertades individuales y los derechos humanos”.
La reforma minera, detalló el CCE, va en sentido contrario a lo que se requiere para impulsar el mayor desarrollo de la industria de extracción de metales y de la infraestructura pública.
Por la intensa actividad que el sector privado tiene en ambos temas, así como por la relevancia de los mismos para el desarrollo del país y para la certeza en la inversión, el Consejo Coordinador Empresarial consideró pertinente que se abra en el Congreso una discusión que los incluya.
“Nuestra posición se sustenta en análisis jurídicos y técnicos de especialistas de nuestros organismos, en experiencias que, como actores, hemos tenido en ambos campos de la vida económica y en escenarios por venir tanto en materia de extracción minera, así como de la infraestructura que México necesita”, apuntó.
El CCE señaló que confía en la apertura de la presente Legislatura para analizar de manera integral ambas iniciativas, con base en el buen clima democrático y con el fin de abonar a la transparencia en materia económica y construir juntos las mejoras legales que fortalezcan y den certeza a las pequeñas y medianas empresas, en favor del desarrollo y la confianza en México.
Moody’s advierte riesgos para la industria minera por reformas de AMLO
La agencia Moody’s advierte riesgos para la industria minera nacional ante las recientes reformas impulsadas por AMLO.
La agencia Moody’s advirtió este lunes de riesgos para la industria minera en México por las reformas impulsadas por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, para restringir las concesiones.
“Si se aprueban como están propuestos, los cambios serán negativos a nivel crediticio para el sector minero, lo que incrementaría la carga regulatoria de los productores y elevaría el riesgo de la terminación temprana de sus actuales concesiones”, expuso un reporte de Moody’s Investors Service.
El informe se refirió a la reforma que López Obrador propuso el 28 de marzo a la Ley Minera, que ahora solo otorgaría concesiones de minas mediante concurso público y con una consulta previa a pueblos originarios, además de acortar su duración de los 50 años actuales a 15 con la posibilidad de solo una prórroga.
Además, Moody’s advirtió de otra reforma que permitiría al Gobierno retirar concesiones o permisos de manera unilateral en la minería y cualquier sector solo con el argumento de que afectan al “interés público”.
“Esto es particularmente negativo para cualquier inversión futura que busca aprovechar las tendencias de relocalización de cadenas (nearshoring)”, indicó el reporte.
Moody’s confió en que el Gobierno discuta las reformas antes de aprobarlas, pues la minería representa en México el 2.5 % del producto interior bruto (PIB).
Asimismo, citó que México es el mayor productor mundial de plata, el segundo de fluorita y uno de los 10 principales de zinc, oro y cobre.
La minería, agregó el informe, generó cerca de 3,100 millones de dólares en beneficios fiscales en 2021 y las empresas invirtieron un conjunto de 5,000 millones de dólares en 2022.
“Las condiciones propuestas podrían desalentar a las compañías mineras a realizar futuras inversiones en México y mirar hacia otro lado. Esperamos que los productores mineros, cuyas operaciones contribuyen de forma sustancial a la economía de México, discutan con el Gobierno las propuestas”, expresó Moody’s.
Durante el Gobierno de López Obrador, el territorio concesionado a mineras ha disminuido del 10.64 % hasta el 8.59 % del país, lo que implica cerca de 24,000 concesiones, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
IMEF se une también al rechazo a la reforma administrativa propuesta por AMLO
La inversión, que es el pilar para México, requiere de certidumbre jurídica, indicó el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) advirtió que la aprobación en el Congreso de la Unión de la iniciativa para reformar diversas disposiciones en materia administrativa presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador inhibirá la inversión y genera incertidumbre jurídica para las empresas en México.
“De aprobarse este proyecto de decreto sin cambio alguno se atentaría en contra el Estado de derecho, convirtiéndose en un inhibidor de la inversión en el país, al trastocar la seguridad y certeza jurídica de los ciudadanos y empresas dejándolos en estado de indefensión frente a actos de gobierno que pueden resultar arbitrarios y sin fundamentos objetivos”, afirma.
La reforma administrativa propuesta por el Poder Ejecutivo, la cual plantea modificar 23 leyes federales, puede ser aprobada en el presente periodo ordinario de sesiones, es decir, durante el mes de abril, señala el organismo empresarial.
La inversión, que es el pilar fundamental para el desarrollo de México, necesita hoy condiciones de certidumbre jurídica en el tiempo, misma que estaría perdiéndose con las medidas propuestas, consideró el Instituto.
La aprobación de esta iniciativa de reforma se daría en un contexto en el que la economía de México muestra niveles reducidos de crecimiento y requiere de una recuperación de la inversión, para lo cual el entorno internacional es especialmente propicio, manifestó el IMEF.
El proceso de relocalización de las cadenas de suministro de América del Norte (nearshoring) representa la principal oportunidad de desarrollo para México en los próximos años y su aprovechamiento debe fundamentarse en una estrategia integral de fomento y certidumbre a la inversión, añade.
“Adicionalmente, de aprobarse esta iniciativa se atentaría contra el medio ambiente y los recursos naturales”, apunta.
El IMEF exhortó al Congreso de la Unión a rechazar la iniciativa de reforma administrativa del presidente de la República como está planteada, a fin de mantener la certidumbre jurídica necesaria para un entorno económico y de negocios que contribuya al crecimiento del país, así como para alcanzar mayores niveles de bienestar social y reducir las diferencias entre las regiones.
La reforma a Ley Minera del presidente Andrés Manuel López Obrador que ha producido inquietudes en empresarios del sector minero, comenzará su camino a la aprobación la esta semana en la Cámara de Diputados.
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales someterá el lunes 17 de abril a discusión el proyecto de opinión de la reforma, requisito para que las Comisiones Unidas de Energía y Comercio y Competitividad puedan comenzar a dictaminar.
Energía ya convocó a sesión de su Junta Directiva el lunes 17 de abril a las 11:00 horas y uno de los asuntos enlistados es la reforma, aunque no para discusión sino para comunicar el método que se utilizará para construir el proyecto de dictamen que someterán a votación del Pleno.
La propuesta del Ejecutivo enviada el 28 de marzo a la Cámara de Diputados propone modificar cuatro leyes: la Ley Minera, Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Los puntos clave de la reforma son eliminar el carácter preferente de la actividad minera sobre otras actividades, eliminar el derecho de las personas titulares de las concesiones a obtener la expropiación de un terreno para explotación minera y sustituirlo por un acuerdo de contraprestaciones monetarias sujeto a consentimiento de los propietarios de los terrenos.
Disminuir de 50 a 15 años el término de la concesión minera con posibilidad de una prórroga; condicionar la concesión minera a la disponibilidad hídrica; establecer que el mecanismo de otorgamiento será a través de concurso público; y prohibir concesiones mineras en Áreas Naturales Protegidas.
Así también obligar a los empresarios a determinar los impactos sociales de cada concesión minera a través de un estudio; a elaborar un Programa de Cierre y Post-cierre y un programa de manejo de residuos; y realizar una consulta a pueblos indígenas y afromexicanos, obligación suscrita por el Estado Mexicano en tratados internacionales pero no asentada en la Ley.
Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas Reformas
Con información de EFE. Foto agencias
