Adjudica Gobierno Federal más de 9 mil mdp a empresas fantasma

 

Lo anterior, con base en los datos arrojados por el Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO que tiene como principal objetivo proveer evidencia para la discusión pública en materia anticorrupción, principalmente en el tema de las compras públicas.

El IRC es un análisis que monitorea de manera oportuna, efectiva y accesible las prácticas de riesgo de corrupción en las compras públicas de más de 260 instituciones de la Administración Pública Federal (APF), a través de 27 indicadores de competencia, transparencia y cumplimiento de la ley.

Particularmente se refiere al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en materia de licitaciones públicas, adjudicaciones directas y procedimientos de invitación a cuando menos tres proveedores.

Dentro del IRC se observa que en 2021 el 29% de las instituciones federales aumentaron su puntaje de riesgo de corrupción en las compras públicas respecto a 2020.

Hay un punto completamente sensible y de mayor atención en los resultados del IRC que muestran un evidente incumplimiento de la Ley, ya que se reporta que las instituciones federales adjudicaron 9 mil 797 millones de pesos a empresas de reciente creación, de cuales 35 millones de pesos fueron a parar a las arcas de proveedores sancionados por la Secretaría de la Función Pública, y un millón 800 mil pesos a empresas fantasma.

En este sentido el análisis del IMCO muestra como 41% del monto gastado en compras públicas por el Gobierno Federal se hizo a través de adjudicaciones directas, proceso que limita la competencia entre proveedores y empresas para vender o ofertar productos y servicios a la administración pública.

Una de las dependencias más observadas en el tema de opacidad es Liconsa con el 83% del monto gastado en compras que asignó mediante procedimientos de excepción a la licitación pública, es decir, por adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.

En esta misma situación se encuentra el Banco del Bienestar quien también se caracterizó por procedimientos sin competencia reflejando un 89% del monto contratado adjudicado directamente, sin licitación y sin estudio de mercado previo a través del procedimiento estipulado por la Ley.

Con cifras expuestas por el IRC sobre el tema de la transparencia, resultó que una de cada tres licitaciones públicas incumplió con la publicación de uno o más documentos reflejándose en una opacidad totalmente cuestionable.

En este rubro el 98% de las compras realizadas por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no están disponibles en el Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA), lo que impide contar con datos sobre el número y nombre de los proveedores participantes y además, 53% de las compras no cuentan con un enlace funcional a la documentación.

EL IRC ubicó a las principales instituciones que destacaron por su alto porcentaje de puntos en el índice de Corrupción, dividiendo el análisis en cuatro principales categorías según el monto gastado por año.

A mayor puntaje, mayor el riesgo de corrupción en compras públicas. El IRC no emite sentencias ni identifica casos puntuales de corrupción, proporciona señales de riesgo con base en información pública para que las instituciones puedan identificar las fallas en sus procesos de compras.

Entre las instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos en 2021, el Insabi fue la institución con mayor riesgo. Por otro lado, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) fue la institución con el menor puntaje de riesgo con respecto a las 264 instituciones analizadas.

El Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México fue la institución con el mayor retroceso de 2020 a 2021: su riesgo de corrupción aumentó en 48.3 puntos. En contraste, con una disminución de 42 puntos, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) fue la institución con el mayor avance en la medición.

La competencia en las compras públicas del sector energético disminuyó. En 2020 el Centro Nacional de Control del Gas Natural destinó 7% del monto gastado en compras públicas a procedimientos de excepción, mientras que en 2021 ese porcentaje se incrementó a 50%.

De 2020 a 2021, Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) retrocedió 26 puntos en el IRC. Mientras que en 2020 99% de los enlaces a la documentación eran funcionales, en 2021 fueron 88%.

Hay poca transparencia en las compras de algunas instituciones de salud como es el caso del Instituto Nacional de Cancerología (INCAN) que en 2021 no publicó la documentación completa de las 64 licitaciones públicas que realizó. Además, entre 2020 y 2021 aumentó el porcentaje de contratos del IMSS sin publicación en el EDCA, de 35% a 61%.

Analizar las deficiencias y anomalías en los procesos de compra permite identificar patrones y prácticas en el ejercicio de los recursos y eviten así prácticas de corrupción como el soborno, la colusión y el fraude.

Algunos de los puntos importantes, consideradas como áreas de oportunidad para las dependencias gubernamentales, son el dar seguimiento a la iniciativa de reforma que busca reconcentrar las compras públicas en la Secretaría de la Función Pública (SFP), con el objetivo de promover la estricta separación de las labores de fiscalización y administración del gasto, además de fortalecer las áreas de control interno.

Habrá que establecer mecanismos de control y campos homologados en la plataforma de compras públicas Compranet, a fin de evitar errores en el proceso de captura de la información de los procedimientos de compra y garantizar que las instituciones públicas cumplan con el período establecido en la ley.

Deberán aprovecharse los datos de compras públicas para identificar y mitigar las prácticas de riesgo de corrupción y acercarnos lo más posibles los ideales de cero corrupción y total transparencia en el ejercicio de los recursos públicos, tema pendiente durante el trabajo del presente Gobierno Federal.

 

Con información e Imágenes de Agencias.